El Ministerio del Interior británico ha confirmado este lunes la existencia de una red criminal que ocupa cientos de casas en Reino Unido con sus habitantes dentro, a los que mantienen secuestrados mientras usan los inmuebles para cultivar marihuana a escala industrial. El fenómeno, conocido como “cuckooing” en la jerga policial, se ha extendido en los últimos meses por ciudades como Birmingham, Manchester y Londres.
La policía británica ha detenido en las últimas semanas a más de 60 personas vinculadas a estas organizaciones, desmantelando 47 plantaciones de marihuana ocultas en viviendas ocupadas. La magnitud del problema ha obligado al Gobierno a anunciar este lunes un nuevo plan específico paraكافحة este tipo de criminalidad.
Cómo funciona el cuckooing
Las bandas suelen identificar a personas vulnerables (personas mayores con problemas cognitivos, adictos en rehabilitación, personas con trastornos mentales o sin hogar) y se ganan su confianza o directamente las coaccionan parainstalarse en sus domicilios. Una vez dentro, modifican la instalación eléctrica para cultivar marihuana, exponiendo a los habitantes a graves riesgos de incendio.
Las víctimas suelen ser testigos del proceso de cultivo e incluso obligadas a participar en el cuidado de las plantas, bajo amenazas que van desde la violencia física hasta la retirada de ayudas sociales.
Testimonios desgarradores
Una mujer de 67 años del barrio de Moss Side, en Manchester, ha relatado a la BBC cómo vivió seis meses secuestrada en su propia casa: “Me convertí en una prisionera dentro de mi propia casa. No podía abrir las ventanas, ni cocinar en mi propia cocina, ni recibir a mi familia. Si me quejaba, me amenazaban con romperme las piernas”.
El caso fue destapado tras el incendio de una vivienda en Croydon, sur de Londres, donde un hombre de 72 años murió por inhalación de humo en una casa okupada y dedicada al cultivo de marihuana.
La respuesta del Gobierno
El Ministerio del Interior ha anunciado este lunes un plan específico que contempla la creación de 200 plazas adicionales en centros de deshabituación, el refuerzo de los equipos policiales especializados en bandas urbanas y un programa nacional de detección de viviendas sospechosas.
La Asociación de Jefes de Policía (NPCC) ha valorado el plan pero ha reclamado más medios y coordinación con los servicios sociales para proteger a las víctimas, que a menudo no denuncian por miedo a las represalias de las bandas.